De 1968-1972 la economía nacional empieza a mostrar signos de debilitamiento en sus tasas de crecimiento, es propuesto el modelo de “Desarrollo Compartido”, que mantuvo sin modificaciones relevantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público. Ya que con los ingresos de la explotación y producción de los yacimientos petroleros, se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva, la creación de plantas productoras de bienes de capital, y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real.
A diferencia del desarrollo estabilizador, la política económica del desarrollo compartido trató de generar progreso para todos por igual. El desarrollo compartido pretendía, distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre todos los miembros de la sociedad.
Se instrumentaron programas de fomento, estímulos fiscales, subsidios, evasiones de impuestos, depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo, no obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión, en razón de ello se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo.
Echeverría incrementó el gasto publico, financiado en gran medida con deuda externa. Se invirtió considerablemente en proyectos de infraestructura, servicios educativos y salud pública, esto aumentó el control del estado sobre las economías de numerosas empresas. Estas medidas en general resultaron negativas para la economía, con el aumento del déficit fiscal y un aumento del desequilibrio de la balanza de pagos. Los ataques verbales de Echeverría al grupo empresarial provocaron que se retiraran capitales de México y se uso esto como acto de presión contra el gobierno.
En septiembre de 1976, presionado por las decisiones de EU se abandonó el tipo de cambio fijo y se decreto la flotación del peso (oferta y demanda) , esto en realidad resultó ser una devaluación, la primera en 22 años.
La administración que se hizo cargo del gobierno a fines de 1970 se fijó objetivos económicos muy ambiciosos: sostener el elevado crecimiento de las décadas anteriores, mantener una tasa de inflación relativamente baja, mejorar la distribución del ingreso e impedir un agravamiento de la situación de la balanza de pagos.
El crecimiento del sector industrial continuó siendo superior al del sector agropecuario, pero menor al de los servicios. En particular fueron las manufacturas las que mantuvieron su crecimiento a tasas más elevadas que el resto de componentes del sector industrial.
La política fiscal desempeñaba un papel fundamental en la estrategia para alcanzar esos objetivos: el gasto público sería el motor que impulsaría el nivel de actividad económica. Se esperaba que la orientación del gasto corriente hacia los componentes de mayor repercusión social tendría efectos positivos sobre la distribución del ingreso. La inversión pública y creación de grandes empresas paraestatales, aparte de su efecto directo positivo sobre el empleo y se pensaba que podría modificar la situación de la balanza comercial con el exterior mediante la sustitución de importaciones de bienes intermedios que esas empresas producirían.
Resultados Generales
A diferencia del periodo anterior el crecimiento alcanzado se acompañó de una tasa de inflación a la alza, la cual pasó de 5% en 1971 a 98.8% en 1982, siendo la tasa promedio del periodo igual a 25.4%. El empleo aumentó a una tasa promedio anual de 4.2%, menor a la registrada por la población económicamente activa (5.1%).
Como resultado de la estrategia expansiva en el gasto público, el déficit del sector presupuestario se incrementó de forma constante y significativa al pasar de 0.03 % del PIB en 1971, a 10.97% en 1982, contribuyendo a que el déficit en cuenta corriente se agudizara al pasar de 928.9 mdd en 1971 a 6,220.9 en 1982, lo que representó el 3.2% y 3.5% del PIB respectivamente.
Para financiar tan espectacular crecimiento en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en 1982 el sector público asumió una deuda en los mercados internacionales de capital, con un monto de 5,549.1 mdd, provocando que el saldo de la deuda pública con el exterior ascendiera en ese año a 58,874.2 mdd.
Al desplomarse la captación de divisas procedentes del petróleo, inmediatamente se hicieron evidentes los desequilibrios estructurales de la economía junto con el déficit externo, el fiscal, la reducción del ahorro interno, el excesivo endeudamiento externo e interno y la acumulación de rezagos productivos.
En conjunto, estos elementos condujeron a una caída de la actividad eco- y a la reducción del ingreso per cápita. Además, la profundidad del desequilibrio externo provocó que la moneda se devaluara bruscamente, impactando negativamente sobre el saldo de la deuda externa expresada en pesos y repercutiendo en la confianza de los agentes económicos, dando lugar a fugas de capital.
El fin del ciclo de expansión económica, apoyado en el auge petrolero, puso de manifiesto el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia de fenómenos de índole externo, magnificando los desajustes macroeconómicos a niveles nunca antes vistos en el país, situación que motivó la revisión a fondo de la estrategia macroeconómica.
